El documento, patrocinado por la diputada Jazmín Narváez (ANR-Central), se sustenta en los últimos acontecimientos ocurridos en la cárcel de San Pedro, donde tras un motín perdieron sus vidas unos 10 reclusos.

Se basa en lo que establece el artículo 21 de la Constitución Nacional donde expresa que las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos penitenciarios adecuados, evitando la promiscuidad de sexos, que los menores no serán recluidos con personas mayores de edad y que la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena.

Los legisladores coincidieron que existe una crítica situación en las diferentes penitenciarias del país, con elevada inseguridad, hacinamiento y un alto índice de reclusos sin condenas.

Sin embargo, decidieron postergar su estudio, teniendo en cuenta que su aprobación conlleva la participación de las Fuerzas Militares y “un cheque en blanco” para el Gobierno en todo el tiempo que dure la emergencia, según legisladores, principalmente, de la oposición.

Esto, teniendo en cuenta que se autoriza al Ministerio de Justicia a llevar a cabo contrataciones de personal, bienes y servicios, bajo el régimen de excepción previsto en la Ley 2051/03, De Contrataciones Públicas y, también, a utilizar los cargos vacantes disponibles y generados durante la vigencia de la presente disposición.

El diputado Edgar Ortiz (PLRA–Itapúa), criticó que no se le haya dado curso a un proyecto similar que había presentado hace ya algunos meses. Indicó que es necesaria, la aprobación pero que, penosamente, no se le dio la importancia debida.

“No se puede tener tanta gente imputada y no condenada; es responsabilidad de este Congreso darle la libertad al Ejecutivo para paliar la situación”, esgrimió el parlamentario.

En la misma línea se pronunciaron los legisladores Pastor Vera Bejarano (PLRA–San Pedro), la diputada Jazmín Narváez (ANR–Central), Freddy D´Ecclesiis (ANR–San Pedro), Norma Camacho (PEN–Central), Raúl Latorre (ANR–Capital), quienes indicaron que si bien son soluciones temporales, es lo que se tiene a mano.

Sin embargo, los congresistas Rocío Vallejo (PPQ–Central) y Sebastián García (PPQ–Capital), lamentaron que esta solución propuesta por el Gobierno Nacional, sea una solución “parche”. La diputada Vallejo indicó que este proyecto será un cheque en blanco, puesto que escapará del control del uso de los recursos que deberá utilizarse durante el plazo de emergencia.

“Enviemos a comisiones y leamos qué es lo que estamos tomando, pidamos informes. Este es un problema de larga data”, aseveró.

El diputado Celso Kennedy (PLRA–Caaguazú), sostuvo que no se puede delegar el resguardo de las penitenciarías a los militares y policías. El parlamentario abogó para que el documento sea estudiado en comisiones, basados en las proyecciones y los montos.

Asimismo, los parlamentarios coincidieron que es necesaria la capacitación de los agentes penitenciarios y más aún, criticaron la superpoblación de los penales, por la demora judicial y la baja condena de los procesados.

El diputado Hugo Ramírez (ANR–Capital), propuso que el proyecto sea aplazado por una semana y sea convocada una sesión extraordinaria para el próximo martes 25, a las 14 horas.

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